Lo que la OCON Sur tardó décadas en construir, Marlaska lo deshizo en un decreto de septiembre de 2022; los muertos llegaron después, con la puntualidad del que ya lo había visto venir.
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Cuántos guardias civiles han muerto por el narcotráfico bajo Marlaska: cuatro agentes, una decisión y cuarenta años de impunidad en el Estrecho
¿Cuántos guardias civiles han muerto luchando contra el narcotráfico desde que Marlaska es ministro? La respuesta directa es cuatro agentes en acto de servicio en dos años: Miguel Ángel González y David Pérez, arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate; y el capitán Jerónimo Jiménez Molero y el guardia civil Germán Pérez González, fallecidos el 9 de mayo de 2026 cuando sus dos embarcaciones del Servicio Marítimo chocaron durante la persecución de una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva. Antes de llegar a esos nombres concretos, conviene trazar el mapa completo: quién tomó qué decisión, cuándo y con qué consecuencias.
Cuarenta años de narcolanchas
Comprender el presente exige regresar a los años ochenta, cuando las lanchas rápidas empezaron a operar en Galicia, primero para el contrabando de tabaco y después, gradualmente, para el tráfico de heroína. Era dinero fácil y redes familiares enraizadas en el litoral; una economía sumergida que el Estado tardó en comprender. A mediados de esa misma década, las lanchas descendieron hacia el sur y colonizaron el Estrecho. En 1987 surgieron las primeras coordinadoras antidroga en el Campo de Gibraltar ante la explosión del tráfico de heroína, y a partir de 1995, cuando Gibraltar prohibió el uso de sus aguas como refugio, las narcolanchas terminaron de instalarse definitivamente en la franja andaluza.
Lo que empezó siendo hachís procedente del Rif marroquí derivó hacia una infraestructura criminal sofisticada. El Campo de Gibraltar necesitaba décadas para acumular las decenas de miles de toneladas de estupefacientes que cruzarían el Atlántico y el Mediterráneo, y el Estado fue construyendo una respuesta institucional lenta, fragmentada y siempre por detrás de las mafias. La OCON Sur fue la cristalización más lograda de ese intento de respuesta coordinada.
¿Qué era la OCON Sur y por qué la cerraron?
¿Qué era la OCON Sur y por qué la cerraron? El Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico Sur, creado en 2018 bajo el propio gobierno de Marlaska, era una unidad de élite de 150 agentes de la Guardia Civil desplegados de forma permanente en la zona del Campo de Gibraltar, disponibles los siete días de la semana las veinticuatro horas del día, dedicados en exclusiva a combatir las redes de tráfico de estupefacientes en el Estrecho. En sus cuatro años de existencia, la unidad detuvo a más de 10.000 personas e incautó más de 1.400 toneladas de droga.
En el verano de 2022, Marlaska disolvió la OCON Sur y devolvió sus 150 agentes a sus destinos de origen en las distintas comandancias de la zona. Las justificaciones oficiales fueron cambiando con el tiempo: primero se adujo que la unidad había sido creada con carácter «temporal», luego se invocaron «cuestiones operativas» sin mayor concreción, después se trasladó la responsabilidad a los mandos operativos del Instituto Armado y finalmente se aludió a investigaciones judiciales bajo secreto que habrían influido en la decisión. Lo que no negó nadie es que la Fiscalía General del Estado dejó constancia en su Memoria anual de 2022 de que la desaparición de la OCON Sur «se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales». El propio documento fiscal identificó la disolución como una de las principales causas del desplome del volumen de droga incautada en la provincia de Cádiz y de los procedimientos penales por tráfico de estupefacientes.
Lo que la versión oficial nunca aclaró satisfactoriamente es la coincidencia temporal: la OCON Sur fue desmantelada justo cuando tres de sus mandos —incluido el teniente coronel Oliva, que la comandaba— eran investigados por la Audiencia Nacional por revelación de secretos y supuestas «prácticas alegales» en la lucha contra las mafias. Fuentes policiales consultadas señalaban que ciertas prácticas al límite de la legalidad eran en ocasiones inevitables para obtener resultados frente a organizaciones criminales que operan con recursos tecnológicos superiores a los del Estado. El narco, según personas próximas a los operativos, celebró la disolución de la unidad.
La desproporción de medios en el Atlántico
¿Tienen medios suficientes los guardias para perseguir narcolanchas? Los datos publicados por el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de la Armada en mayo de 2026 responden con una cifra que habla sola: más de 600 embarcaciones tipo go-fast son sospechosas de llevar a cabo operaciones de tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del Estrecho de Gibraltar. Frente a ellas, la Guardia Civil dispone de una veintena de patrulleras distribuidas a lo largo de toda la costa andaluza —cuatro en Cádiz, tres en el Campo de Gibraltar, tres en Málaga, cuatro en Almería, dos en Granada, dos fluviales en Sevilla y dos en Huelva—, muchas de ellas habiendo superado ya su vida útil, apoyadas por embarcaciones auxiliares de pequeño tamaño y varios helicópteros con bases en Rota, Málaga y Granada.
¿Cuántas narcolanchas operan actualmente? La cifra oficial del COVAM cifra en más de 600 las embarcaciones go-fast sospechosas de actividad criminal solo en el área del Estrecho. La proporción es demoledora: 20 patrulleras con décadas de uso contra más de 600 narcolanchas modernas, diseñadas específicamente para la evasión, capaces de alcanzar velocidades que las embarcaciones de la Guardia Civil no pueden igualar. El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar prometía en 2024 sumar once embarcaciones más hasta alcanzar las 30 en total para 2026, pero incluso esa cifra mantiene una relación de uno a veinte frente a la flota criminal estimada. Mientras tanto, desde 2018, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han acumulado más de 244 incidentes en operativos, una cifra que el propio Ejecutivo reconoció en respuesta parlamentaria.
El funeral y la ausencia que lo dijo todo
¿Por qué Marlaska no fue al funeral de los guardias civiles muertos en Huelva? La versión oficial, trasladada por la portavoz del Gobierno Elma Saiz, fue que el ministro se encontraba en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, «al frente de la emergencia» generada por el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius. Ningún otro ministro acudió tampoco al funeral. La misma portavoz que ofreció esa justificación reconoció días después, y fuentes gubernamentales lo admitieron en privado, que la ausencia del titular de Interior no fue una decisión acertada.
El capitán Jerónimo Jiménez Molero llevaba más de treinta años en la Guardia Civil, había ingresado en el cuerpo en 1994 y estaba al frente del Servicio Marítimo Provincial de Huelva desde 2020. Germán Pérez González ingresó en 1989, acumulaba casi 34 años en el Servicio Marítimo y llevaba décadas en el mar. Dos agentes veteranos, con toda una vida dedicada al servicio, a los que el ministro del que dependía institucionalmente no consideró prioritario despedir.
Los abucheos de Baeza
¿Por qué abuchearon a Marlaska en la jura de bandera de Baeza? El miércoles 13 de mayo de 2026, apenas seis días después de la tragedia en Huelva y sin haber asistido al funeral, Marlaska hizo su primera aparición pública ante agentes del Instituto Armado en la jura de bandera de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza, Jaén. Cuando el ministro tomó la palabra y pronunció una frase sobre los dos agentes fallecidos —declarando que él también estaba «dolido y rabioso»—, parte de los asistentes, en su mayoría familiares de los nuevos funcionarios, respondió con abucheos y silbidos que duraron hasta ocho segundos y obligaron a la organización a pedir por megafonía «respeto y compostura».
La portavoz de JUCIL, la Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil, explicó que los abucheos venían de personas cercanas a los recién jurados, no de los propios agentes, y resumió la situación con una frase: «La gente está dolida». El gesto concentraba años de acumulación: la disolución de la OCON Sur, la desproporción de medios, los 244 incidentes sin respuesta estructural, la ausencia en el funeral y, para el cuerpo, la negativa sostenida de Marlaska a catalogar la profesión de guardia civil como de «especial riesgo», una clasificación que afecta directamente a derechos laborales y pensiones.
El «accidente laboral» de Montero
¿Qué dijo Montero de «accidente laboral» y por qué fue tan grave? La noche del lunes 11 de mayo de 2026, durante el debate electoral de las elecciones andaluzas en Canal Sur, la candidata socialista a la Junta y ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero trasladó sus condolencias a las familias de los guardias caídos y añadió a continuación: «Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Y todos nos tenemos que aliar contra esa lacra de accidentes laborales». La equiparación de la muerte a manos de una narcolancha con un accidente de trabajo convencional fue interpretada por las principales asociaciones de la Guardia Civil como una trivialización de lo ocurrido y, en el fondo, como una negativa implícita a reconocer que dos agentes habían muerto en combate contra el crimen organizado.
Montero rectificó horas después y calificó el fallecimiento como «muerte en acto de servicio». La rectificación llegó demasiado tarde para contener el daño simbólico: durante la campaña andaluza más tensa en años, la frase sirvió como síntesis de la distancia que el Gobierno percibe entre su responsabilidad institucional y la realidad cotidiana de quienes operan en el Atlántico. El PSOE reconoció en privado la gravedad del error.
La cronología que nadie había publicado
El hilo conductor entre la disolución de la OCON Sur en 2022 y los cuatro muertos de 2024 y 2026 no ha sido trazado de forma sistemática por los principales medios generalistas, que han cubierto cada episodio como noticia aislada. Marzo de 2018: el Gobierno de Sánchez crea la OCON Sur con 150 agentes especializados. Verano de 2022: Marlaska la disuelve sin previo aviso a la Fiscalía ni a los tribunales, alegando «cuestiones operativas» y devolviendo sus efectivos a las comandancias de origen. Febrero de 2024: Miguel Ángel González y David Pérez mueren arrollados deliberadamente por una narcolancha en Barbate; el cuerpo denuncia entonces la falta de medios y la ausencia de coordinación especializada. Mayo de 2026: Jerónimo Jiménez y Germán Pérez mueren cuando sus embarcaciones colisionan durante una persecución a 80 millas de Huelva; el COVAM certifica que hay más de 600 narcolanchas operativas frente a 20 patrulleras.
La cronología política es igualmente reveladora. Cada tragedia activa durante dos semanas un ciclo de declaraciones, abucheos, rectificaciones y promesas de nuevas embarcaciones que se diluye sin cambios estructurales. La Fiscalía advirtió en 2022. Los mandos operativos llevan años alertando de la desproporción de medios. El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), la red de cámaras y radares con que la Guardia Civil vigila el Estrecho, fue saboteado en repetidas ocasiones por las propias mafias antes de que Interior aprobara en 2022 una renovación de 30 millones de euros que incluye seis nuevas estaciones de sensores. La renovación del SIVE y la promesa de once embarcaciones adicionales son, en términos operativos reales, insuficientes frente a una flota criminal que supera en treinta a uno la capacidad del Estado en el mar.
Lo que queda pendiente —y que define la política de Interior hacia el sur desde hace una legislatura— no es la falta de diagnóstico sino la ausencia de voluntad para mantener estructuras especializadas que funcionen. La OCON Sur fue creada, produjo resultados, y fue desmantelada en circunstancias que la Fiscalía consideró irregulares. Cuatro guardias civiles muertos después, la pregunta sobre si existirá la voluntad política de reconstruir una capacidad equivalente sigue sin respuesta oficial.
